Puno: Gobierno Regional gestionará Estado de Emergencia para frenar la minería ilegal y el crimen organizado

La creciente ola de violencia vinculada a la minería ilegal ha encendido las alarmas en las altas esferas de la región. Ante esta situación, el Gobierno Regional de Puno (GRP) lideró la cuarta sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), donde se articularon medidas urgentes para hacer frente al avance delictivo en los sectores más vulnerables de la región.

Las autoridades focalizaron el problema en tres puntos críticos: los distritos de Coasa (provincia de Carabaya) y Limbani (Sandia), así como el centro poblado minero de La Rinconada (Putina). El objetivo de esta cumbre, que reunió a los titulares de las principales instituciones de la región, es devolver la tranquilidad social a las familias puneñas.

Solicitarán Estado de Emergencia

Durante su intervención, el gobernador regional de Puno ratificó su compromiso para combatir a las mafias que operan en estas zonas de difícil acceso. “Apoyaremos con movilidad y otros aspectos para intervenir (en las zonas focalizadas), debemos reforzar el trabajo de inteligencia”, enfatizó la autoridad.

En esa misma línea, el gobernador anunció que se iniciarán las gestiones ante el Ejecutivo nacional para lograr la Declaratoria de Estado de Emergencia en estas localidades. Esta medida excepcional permitiría intensificar los operativos policiales y las intervenciones de inteligencia en los puntos críticos ya identificados.

Cifras alarmantes y respuesta interinstitucional

El panorama expuesto durante la sesión fue preocupante. Representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público informaron sobre un alarmante incremento en los índices de violencia, homicidios y casos de personas desaparecidas, delitos estrechamente vinculados al accionar de organizaciones criminales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo exigió medidas de protección inmediatas, advirtiendo que la geografía agreste de estas zonas representa un peligro constante tanto para la población como para las autoridades.

Frente a este escenario, se plantearon dos estrategias adicionales clave:

Justicia rápida: El Poder Judicial sugirió acelerar la puesta en marcha de la Unidad de Flagrancia en la ciudad de Juliaca (San Román). Esto permitirá procesar y sancionar los delitos comunes con mayor celeridad, descongestionando el sistema de justicia.

Control de insumos: Se acordó ejercer una fiscalización rigurosa sobre el traslado y uso de insumos químicos y combustible. Para ello, se promoverá la creación de un padrón coordinado que facilite la identificación de aquellos individuos y grupos que operan al margen de la ley en los campamentos mineros.